Resumen: La STS aborda la impugnación del real decreto por el que se nombra Fiscal General del Estado. En primer lugar, la sentencia sitúa el marco jurídico de esta figura formado, en esencia, por la Constitución, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se recuerda que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (artículo 124.4 de la CE), siendo elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión del artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A efectos procedimentales se afirma que, recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. (art. 29.2) Nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo (art.29.3). En segundo y último lugar, la sentencia declara la falta de la legitimación activa de los partidos políticos, para impugnar cualquier actuación de las distintas Administraciones Públicas, o de los Gobiernos sin que suponga crear zona de impunidad.
Resumen: El TS resuelve la cuestión de interés casacional: si la actividad de entrega de medicamentos a los pacientes fuera de la oficina de farmacia por un empleado de la misma, integra el tipo infractor previsto por el artículo 111.2 b) 23ª del Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Al constituir la entrega de medicamentos parte del acto farmacéutico de dispensación, debe hacerse como regla general en la oficina de farmacia con intervención inmediata del farmacéutico y dentro de la actividad regular de la oficina de farmacia, y sólo cabe disociar del acto de dispensación la entrega física del medicamento en los casos previstos y según la normativa aplicable. Aplicando esta doctrina al caso, desestima el recurso de casación, porque la sentencia impugnada se ajusta, en lo sustancial, a lo razonado por el TS sobre el concepto de entrega como parte del acto de dispensación, constitutivo del elemento objetivo del tipo del artículo 111.2.b).23ª, de la Ley del Medicamento
Resumen: PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 2 de los de Bilbao dictó sentencia el 18-3-2021 en la que desestimó la demanda de conflicto colectivo y ello por entender que el cambio ofertado a partir del 26-10-2020 en la jornada de trabajo no era una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque venía realizándose la jornada que debían llevar a cabo los trabajadores, de 7 horas 36 minutos, y, en todo caso, no existía condición más beneficiosa por el cambio que se había llevado a cabo el 27-3-2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19.
Resumen: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)
